Memoria 80

Memoria 80

09.10.2024. Estado fallido. Cuando Luis Carlos Camacho Leyva fue ministro de defensa entre 1978 y 1982, durante el gobierno de J. C. Turbay Ayala, instó a los colombianos a armarse porque el Estado era incapaz de defender a nadie. Lo que en ese momento parecía impresionante, desesperado y contradictorio, tenía todo el sentido del mundo. Justo en ese momento la guerrilla del M-19 tenía acorraladas a las Fuerzas Militares: había tenido lugar el famosísimo robo de armas a los militares del Cantón Norte ubicado en la calle 100 con carrera 7ª, robo que fue una horrible vergüenza nacional para las fuerzas del orden. Lo peor es que escaso tiempo después, en 1980, tuvo lugar la dramática toma por parte de esa guerrilla de la Embajada de República Dominicana, una vergüenza más para las fuerzas del orden. Pero en esa época ya se había sancionado el también diseñado por el jurista y militar y ministro de Defensa Luis C. Camacho Leyva el “Estatuto de Seguridad”, que pretendía, con prácticas ilegales y violentas tomar control del país mediante: detenciones arbitrarias a ciudadanos, prohibición de la protesta social, juzgamiento a civiles por parte de militares, implantación arbitraria del estado de sitio, consejos de guerra verbales a ciudadanos, amenazas y detenciones a personas denunciadas, derecho de los militares  a la tortura y a la desaparición forzada de ciudadanos, etcétera. Un país en ese momento que, si bien tenía un nombre, Colombia, no era un Estado, no había Estado colombiano. Desde los años 1940, gracias a las múltiples violencias que se vivían en los llamados ‘territorios nacionales’, eufemismo para designar el campo −¿o es que las ciudades y pueblos no son territorios de la nación?, ¿o es que veladamente se hacía una distinción de rango entre lo ciudadano y campesino?; es decir: ¿el ciudadano sí tiene derechos y deberes y los campesinos, negros indígenas y demás no?−; en fin, como venía diciendo, a causa de las múltiples violencias que tenían lugar en las zonas rurales sobre todo, las personas tuvieron que migrar hacia las ciudades en busca, si no de la protección del Estado, al menos de la civilidad ciudadana, de oportunidades laborales, salud y educación. La gente que huyó de la violencia guerrillera, bandolera y militar, encontró en las ciudades la violencia implantada por ese Estatuto de Seguridad. Pero si a lo que instó Camacho Leyva fue a armarse para defenderse, ¿no fue una perversa invitación a ser presa fácil de las autoridades? ¿Cuántos personas denunciaron a sus vecinos (que fueron detenidos, torturados y desparecidos) por portar un revólver que supuestamente era legal?  

Pero la práctica usual desde la Independencia de 1820 ha sido la de la defensa personal. La gente tenía que ir armada para no sólo defenderse de la delincuencia común, sino de las guerrillas y de esos híbridos entre paramilitar y delincuencia común, bandoleros y guerrilla, etcétera. Para 1980, en 160 años el Estado no había logrado tener control del territorio que decía gobernar. Y lo malo es tampoco ahora, más de 200 años después, tampoco lo tiene. Se le suele echar la culpa a lo complejo y grande del territorio colombiano, pero es una falacia. Lo que ha sucedido desde la Independencia es que no hemos sido capaces como individuos ni como colectivo, como gobernantes ni como políticos, de construir un Estado. ¿Por qué? ¿Por qué países más grandes, complejos y jóvenes −los ejemplos abundan− sí lo han logrado? Si bien los gobernantes desde hace 200 años han demostrado no estar a la altura −ser corrupto es lo mismo que ser mediocre−, también es verdad que los gobernados tampoco hemos estado a la altura histórica y hemos permitido que unos ineptos nos gobiernen. Haciendo sumas y restas, ha sido culpa nuestra, de los gobernados.

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¿Por qué un hombre como Camacho Leyva, abogado de la Universidad Nacional, politólogo y graduado también de la Universidad de Roma y especialista en derecho internacional, todo un jurista de carrera militar con grandes dotes intelectuales, fundador además de una universidad, alcalde y gobernador, diríase un humanista, diseña y pone en marcha un esperpento propio de un dictadorcito como el Estatuto de Seguridad? ¿Los estudios no fueron suficientes para entender que un Estado se funda sobre las bases del derecho y no de la represión? Y por otra parte, que los ciudadanos se armen para defenderse −esto es algo que este señor debía saber a la perfección porque ya desde los años 1950 se había oficializado−, ¿no es legitimar la conformación de grupos de autodefensa, es decir de los paramilitares y que ellos impongan su ley, una ley siempre arbitraria y abusiva, como lo hemos visto de las formas más inmundas y aberrantes hasta nuestros días? Ni para qué traer a cuento ningún caso de la actuación de los paracos desde hace más de 70 años en Colombia, eso todo el mundo lo sabe, como todo el mundo en Colombia sabe que cuando los paracos llegan a una región, llevan su ley y la imponen siempre de manera tenebrosa y repugnante. Entonces, ¿cómo es que este ministro tan estudiado y condecorado, ahora es tan admirado y elogiado, si fue uno de los más grandes legitimadores de las fuerzas paramilitares que han cometido cientos de miles de asesinatos y masacres en todo el territorio nacional durante dos (2) generaciones ya? La Facultad de Derecho de Universidad Nueva Granada lleva su nombre. Lo que, a la luz de lo que he recordado aquí, parece un exabrupto o al menos una contradicción, no es ni una cosa ni otra. Es simplemente una prueba de la mentalidad pobre con que siempre han actuado las fuerzas del orden en Colombia. Los dirigentes se educan, sí, casi siempre en el extranjero y vuelven para ser venerados, pero carecen de una verdadera estatura de estadistas. Al final, todos gobiernan como gamonales ignorantes y despóticos que no ven un país que convertir en un estado fuerte, sino una finca demasiado complicada de manejar. 

Las fuerzas del orden en cualesquier Estado están para garantizar su permanencia a través de la implantación de un orden jurídico y social con el cual las personas se sientan identificadas y representadas porque allí, en ese ordenamiento, hay una razón de ser como ciudadano (ciudadanos son también las personas que viven y trabajan en el campo) y una identidad. ¿Y qué pasa cuando esto no sucede, cuando un Estado endeble le entrega la seguridad de la gente que dice gobernar a personas individuales, a los grupos que forman y a las empresas que es lo que continúa sucediendo? 

Pues tiene lugar lo que tenemos hoy, a octubre de 2024: un Estado que no ha sabido consolidarse porque desde su fundación no ha logrado unir a la gente y cómodamente ha delegado en los particulares lo que tiene que hacer. Las malas prácticas del Estado fallido en el que vivimos desde la Independencia de 1820, en cabeza de cada presidente son replicadas por gobernadores y alcaldes en general. Durante su primera alcaldía (1995-1997) de Bogotá, en esos dos años, A. Mockus logró crear consciencia cívica y ciudadana y lo logró porque tenía autoridad moral. Pero fue un caso excepcional. Nunca, ningún alcalde antes ni después ha logrado que el bogotano tenga identidad y sentido comunitario. Sólo ha habido alcaldes mediocres, sin ninguna autoridad moral ni capacidad de mando. El seudoalcalde ahora, ese Galán, es vivo ejemplo de lo que acabo de decir. 

Que un indigente, como sucede en toda ciudad en donde hay trancones, y por extensión en las ciudades colombianas, sea el que ‘organiza’ el tráfico, es muestra de ello. A la policía no se le ve en ninguna parte, y si ve que son los indigentes los que gobiernan las calles, tampoco hace nada, son indiferentes. No existe autoridad, porque desde el presidente de la república para abajo, no hay ninguna autoridad ética ni moral. Es lamentable.